El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha puesto en marcha la campaña «SOS Social» para denunciar la situación de colapso que atraviesan los juzgados de lo Social de la capital, donde miles de trabajadores y trabajadoras esperan años para que se resuelvan reclamaciones que afectan directamente a su sustento y a sus condiciones de vida.
Juicios señalados hasta 2030
Según los datos manejados por el Colegio, algunos procedimientos tienen ya el juicio fijado para 2030, un plazo que convierte en papel mojado el derecho a la tutela judicial efectiva en una jurisdicción pensada, precisamente, para dar respuesta rápida a conflictos laborales urgentes: despidos, impagos de salarios, incapacidades o accidentes de trabajo.
Los números respaldan la alarma. Al cierre de 2025, los juzgados de lo Social de Madrid acumulaban 78.518 asuntos pendientes de resolución, la cifra más alta desde 2006. La pendencia ha crecido un 26,8% en solo un año y un 55,9% desde 2023, un ritmo de deterioro que el ICAM califica de insostenible.
La raíz del problema es estructural: en 2025 entraron 75.532 asuntos nuevos, pero solo se resolvieron 58.557, de manera que cada año se acumula más trabajo del que se despacha. El resultado es una tasa de congestión de 2,30, la más alta de todos los grandes órdenes jurisdiccionales de Madrid, muy por encima de la media del resto de jurisdicciones.
«La mayoría de los juicios se señalan a más de 18 meses»
El decano del ICAM, Eugenio Ribón, ha subrayado la naturaleza especialmente sensible de esta jurisdicción: «El orden social tutela derechos que inciden directamente en el sustento y en las condiciones de vida de las personas», ha señalado, apuntando a que los retrasos no son un simple problema de gestión, sino que tienen un impacto real sobre la vida de quienes esperan una sentencia para cobrar un salario, una indemnización o una prestación.
En la misma línea se ha pronunciado Juan Manuel Mayllo, diputado del ICAM responsable del Turno de Oficio, que ha puesto cifras a su experiencia diaria en los tribunales: «De mi práctica profesional en esa jurisdicción se desprende que actualmente la mayoría de los procedimientos tienen fijado el juicio para más de 18 meses desde la presentación de la demanda, llegando en algunos casos a señalar el juicio para tres años después.»
Diecinueve medidas de choque
Frente a este diagnóstico, el Colegio no se ha limitado a denunciar la situación, sino que ha elaborado un paquete de 19 medidas de choque, recogidas en el manifiesto de la campaña, que incluyen la estabilización de las plantillas y la cobertura de las vacantes existentes, refuerzos judiciales y de oficina en los juzgados más saturados, mejoras organizativas y tecnológicas en la tramitación de los procedimientos, la agilización de la fase de ejecución de sentencias —a menudo tan lenta como el propio juicio— y la publicación periódica de datos sobre los tiempos de respuesta de los juzgados, de manera que la ciudadanía pueda conocer el estado real de la jurisdicción.
Petición de reuniones institucionales y queja ante el Defensor del Pueblo
El ICAM ha solicitado reuniones conjuntas con el Ministerio de Justicia, la Comunidad de Madrid, el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con el objetivo de coordinar una respuesta que, a su juicio, no puede depender de una sola administración. Paralelamente, el Colegio ha presentado una queja formal ante el Defensor del Pueblo, trasladando la dimensión del problema y solicitando que actúe dentro de sus competencias para exigir soluciones.
Una campaña de recogida de firmas
Como parte de «SOS Social», el ICAM ha abierto en su página web un espacio para la recogida de firmas de apoyo a la campaña, con el que pretende visibilizar el respaldo social y profesional a sus reivindicaciones y presionar a las administraciones competentes para que actúen antes de que la situación se agrave aún más.
El Colegio advierte de que, de no adoptarse medidas urgentes, el colapso de los juzgados de lo Social no hará sino profundizarse, con consecuencias directas sobre miles de personas que dependen de una resolución judicial ágil para garantizar su sustento.
