La respuesta tiene consecuencias muy prácticas: en España, entrar en el país sin pasar los controles fronterizos no es un delito. Es una infracción administrativa, recogida en el artículo 53.1.a de la Ley Orgánica 4/2000. Quien cruza de forma irregular se enfrenta, como máximo, a un expediente de expulsión o devolución tramitado por la Administración, nunca a un juez penal. El Código Penal solo entra en juego contra quien organiza o lucra con el paso, el artículo 318 bis castiga a los traficantes de personas, pero no contra quien simplemente atraviesa la valla, llega en patera o accede a nado.
Esta configuración legal viene de la ley de 1985 aprobada por el PSOE con mayoría absoluta, se mantuvo en la reforma de 2000 pese a la oposición del PP de Aznar, y ha permanecido intacta hasta hoy, gobierne quien gobierne. En el resto de Europa, la situación varía notablemente de un país a otro.
¿Qué países sí castigan penalmente la entrada irregular?
Aquí conviene ser preciso, porque el debate público suele simplificar en exceso. No existe un mapa uniforme: cada país distingue entre la simple entrada, la permanencia posterior y la reincidencia tras una expulsión previa, y las penas varían enormemente.
Con esa salvedad, estos son los casos más claros de tipificación penal:
- Italia introdujo en 2009 el llamado reato di immigrazione clandestina: desde entonces, entrar y permanecer de forma irregular en el país constituye delito, castigado con multa de entre 5.000 y 10.000 euros. En etapas anteriores de su legislación llegó a contemplar penas de prisión para quienes desobedecieran una orden de expulsión.
- Alemania tipifica en su Ley de Residencia la entrada y estancia sin la documentación exigida como infracción penal, con penas de multa o hasta un año de prisión, aunque la propia norma exime en la práctica a quienes solicitan asilo de forma inmediata tras el cruce.
- Hungría castiga con hasta un año de cárcel la permanencia en su territorio de un extranjero previamente expulsado que vuelve a entrar sin autorización; el matiz aquí recae más en la reincidencia que en la primera entrada.
- Fuentes especializadas en la comparativa europea sitúan además a Grecia, Polonia, Bulgaria, Rumanía, Chequia, Eslovaquia, Suecia, Noruega y Finlandia entre los países cuyo ordenamiento penal recoge algún tipo de sanción —normalmente multas, en ocasiones penas privativas de libertad— para el cruce irregular de fronteras, aunque los supuestos concretos y las penas varían de un caso a otro.
Un matiz que casi nunca se explica bien: el caso francés. Es habitual escuchar que «en cualquier país de nuestro entorno, incluida Francia, entrar ilegalmente es delito». No es exacto. Francia sí mantuvo un tipo penal —multa de 3.750 euros y hasta un año de prisión— hasta que lo derogó, sustituyéndolo por un procedimiento de entrega y retorno del extranjero a las autoridades del Estado responsable, sin componente penal para la simple entrada.
El límite que impone la propia Unión Europea. El Tribunal de Justicia de la UE ha restringido el margen de los Estados miembros para imponer sanciones puramente penales por la mera entrada irregular cuando esas sanciones interfieren con los plazos y procedimientos de retorno fijados por la Directiva 2008/115/CE (la llamada «Directiva de Retorno»). Esta jurisprudencia es precisamente la que ha empujado a países como Francia a virar hacia fórmulas administrativas.
Resumen del marco legal
En síntesis: en España, cruzar la frontera de forma irregular es una infracción administrativa grave, no un delito, y solo entra en juego el Código Penal contra quienes facilitan ese cruce con fines lucrativos (art. 318 bis). En Europa, el tratamiento es heterogéneo: países como Italia, Alemania y Hungría sí contemplan sanciones penales para la entrada o permanencia irregular, mientras que otros, como Francia, han transitado en sentido contrario tras la jurisprudencia comunitaria sobre la Directiva de Retorno.
