La Sala Penal del Tribunal Supremo ha emitido un informe desfavorable a la concesión del indulto solicitado para el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, condenado por un delito de revelación de datos reservados. La petición de gracia había sido promovida por varios ciudadanos, pero el tribunal considera que no concurren razones de justicia, equidad o utilidad pública que justifiquen la medida.
En su resolución, los magistrados destacan la especial gravedad de los hechos por la posición institucional que ocupaba el condenado. La Sala recuerda que el Ministerio Fiscal desempeña una función esencial en el sistema democrático como promotor de la justicia, garante de la independencia judicial y defensor de los derechos de los ciudadanos conforme al principio de legalidad.
Una conducta que afecta a la credibilidad institucional
El tribunal subraya que la vulneración de las obligaciones de secreto y confidencialidad por parte de quien ostentaba la máxima responsabilidad del Ministerio Fiscal supone una afectación directa a la credibilidad de la institución. Según el informe, la revelación de información reservada constituye una infracción especialmente grave cuando es cometida por quien está llamado precisamente a velar por el cumplimiento de la ley.
Los magistrados recuerdan que los hechos han sido declarados probados mediante sentencia firme y que, en consecuencia, la condena debe ejecutarse. El informe señala expresamente que la gravedad de la conducta no desaparece por el hecho de que la consecuencia jurídica pendiente de cumplimiento tenga una relevancia limitada.
El indulto solo afectaría a la inhabilitación
Uno de los argumentos centrales de la Sala es que la petición de indulto tiene un alcance muy reducido. Los magistrados recuerdan que el derecho de gracia se aplica sobre las penas y no sobre los delitos, y que únicamente pueden ser objeto de indulto las penas que aún se encuentren en ejecución.
En este caso, el tribunal destaca que la única pena pendiente de cumplimiento es la de inhabilitación especial para ocupar el cargo de fiscal general del Estado. Por ello, considera que la solicitud carece de una fundamentación suficiente y que los promotores de la medida no han aportado razones concretas que permitan apreciar motivos de justicia, equidad o utilidad pública.
La decisión fue adoptada por mayoría y será remitida al Ministerio de Justicia a través de la Presidencia del Tribunal Supremo para su incorporación al expediente de indulto. Aunque el informe de la Sala no resulta vinculante para el Gobierno, constituye uno de los elementos más relevantes que deben valorarse antes de resolver definitivamente sobre la concesión o denegación de la medida de gracia.
La posición del alto tribunal supone un importante obstáculo para las aspiraciones de quienes promovieron el indulto del exfiscal general, al dejar constancia de que, a juicio de los magistrados sentenciadores, la gravedad de los hechos y la ausencia de circunstancias excepcionales hacen improcedente la concesión del beneficio solicitado.
