El Gobierno de Pedro Sánchez ha presentado oficialmente la candidatura de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para la Dirección General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la agencia de Naciones Unidas especializada en empleo y relaciones laborales. La Moncloa confirmó la propuesta este jueves mediante un comunicado, y Sánchez lo anunció en su cuenta de X, calificándolo de «honor» y subrayando que la «experiencia, trayectoria y vocación de consenso» de Díaz la convierten en una candidata idónea para el cargo.
El plazo para registrar candidaturas concluye el 31 de agosto, y la elección se resolverá el 16 de noviembre en votación secreta dentro del Consejo de Administración del organismo, en el que participan representantes de gobiernos, empresarios y sindicatos de los 187 Estados miembros. Díaz competirá con el actual director general, el togolés Gilbert Houngbo. Un dato resulta especialmente relevante: el mandato no arrancaría hasta octubre de 2027, por lo que la ministra podría mantener su puesto en el Gobierno español durante toda la campaña, sin asumir ningún riesgo institucional en caso de no salir elegida.
Un puesto con un salario muy superior al de un ministro
La candidatura ha reabierto el debate sobre la remuneración del cargo. Como ministra y vicepresidenta, Díaz percibe actualmente unos 104.600 euros brutos anuales, sumando su sueldo del Ejecutivo y sus emolumentos como diputada. El puesto de director general de la OIT, en cambio, se rige por la escala salarial de Naciones Unidas para altos cargos, equiparable a la de un Secretario General Adjunto: un sueldo base en torno a los 227.000 dólares anuales, al que se añade el ajuste por lugar de destino en Ginebra —sede del organismo— y una batería de complementos (vivienda, educación de hijos a cargo, viajes) que, según distintas estimaciones, puede elevar la retribución efectiva muy por encima de los 300.000 dólares anuales, en gran parte exentos de tributación al tratarse de un funcionario internacional. El propio Pablo Iglesias, extitular de Podemos, ha señalado públicamente que el cargo «gana más que un presidente del Gobierno o un secretario de Estado en España», calculando que Díaz se convertiría en la «afiliada de Comisiones Obreras mejor pagada de la historia».
Una salida que no está exenta de dificultades
Pese al respaldo institucional, el camino hacia la Dirección General no está garantizado. La decisión depende de 56 votos dentro de una estructura tripartita en la que el apoyo sindical, aunque previsible, no es suficiente por sí solo: hace falta sumar también voluntades gubernamentales y empresariales de otros países. A ello se añade que la OIT atraviesa una delicada situación presupuestaria, derivada del impago de cuotas por parte de varios Estados miembros —entre ellos, Estados Unidos—, lo que ha obligado al propio Houngbo a plantear recortes y un acercamiento a la Administración Trump para intentar desatascar la financiación.
La operación se enmarca, además, en una estrategia más amplia del Gobierno de situar perfiles propios en organismos internacionales: España ya había presentado antes la candidatura del ministro de Agricultura, Luis Planas, para dirigir la FAO, y respalda la de Pablo Hernández de Cos para suceder a Christine Lagarde al frente del BCE. En el plano político interno, la coincidencia con el pronunciado declive electoral de Sumar, la formación que Díaz lideró hasta hace unos meses, alimenta la lectura de que la candidatura a la OIT podría operar también como una salida ordenada de la primera línea de la política española.
