La invasión migratoria que atraviesa Ceuta vivió esta madrugada su episodio más tenso hasta la fecha. El operativo diseñado por el Gobierno para trasladar a los migrantes acampados en las playas de la ciudad autónoma hasta una nueva instalación en el puerto degeneró en escenas de caos, con una avalancha de más de 4.000 personas disputándose las apenas 1.800 plazas disponibles en el nuevo recinto.
Una avalancha que rompió el dispositivo policial
Según ha podido reconstruirse a partir de las informaciones publicadas esta mañana, el traslado comenzó al amanecer bajo la coordinación de la Policía Nacional y la Guardia Civil. El plan preveía un desplazamiento ordenado desde las playas hasta el campamento portuario, pero la desproporción entre el número de personas convocadas y las plazas realmente disponibles provocó que el cordón policial, formado por unos 150 agentes, fuera desbordado en cuestión de minutos.
En medio de las carreras y empujones para intentar asegurarse un lugar, se produjeron varias estampidas que dejaron un número indeterminado de heridos. Los agentes desplegados tuvieron que efectuar disparos al aire y detener en varias ocasiones la comitiva para intentar recuperar el control de la situación, en una operación que numerosos testigos y medios presentes sobre el terreno describieron directamente como «un caos».
Nadie avisó a quienes debían gestionar el puerto
Más allá de la propia estampida, el incidente ha destapado un serio problema de coordinación institucional que ha indignado tanto a los responsables portuarios como a los sindicatos policiales. El presidente de la Autoridad Portuaria de Ceuta, Juan Manuel Doncel, denunció públicamente que se enteró del traslado por televisión, sin haber recibido comunicación oficial previa pese a una reunión mantenida anteriormente con responsables municipales.
En la misma línea se expresó la portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Ana Alarcón, quien lamentó la falta de «comunicación transparente» por parte de las autoridades: los propios agentes que debían ejecutar el operativo se enteraron de buena parte de los detalles a través de la prensa y no por cauces oficiales.
El pulso judicial por el campamento del puerto
A la crisis operativa se suma un episodio judicial que ha marcado los últimos días. El origen está en un recurso del Sindicato Unificado de Policía (SUP) contra la resolución del Ministerio de Transportes que cedía unas parcelas del puerto para instalar el campamento, alegando falta de garantías de seguridad por la cercanía de depósitos de combustible, ausencia de protocolos de evacuación y antecedentes de incendios en otros asentamientos de la ciudad.
El miércoles 17 de septiembre, la Audiencia Nacional frenó de forma provisional la apertura del recinto mientras estudiaba esa petición. Sin embargo, ese mismo jueves 17, la Sala de lo Contencioso-Administrativo rechazó la medida «cautelarísima» solicitada por el sindicato y avaló el uso del recinto portuario por «razones de interés general», dejando en manos del Ministerio del Interior la concreción de las medidas de seguridad. Con ese aval judicial siguió adelante el operativo que ha derivado en el caos de esta madrugada: según las informaciones disponibles hasta el momento, el campamento continúa autorizado y operativo, sin que conste una nueva suspensión posterior al incidente del traslado.
Paralelamente, y en un frente judicial distinto, la jueza María Tardón ha citado a declarar al presidente de Ceuta para esclarecer si el Ejecutivo autonómico trasladó alertas al Gobierno central antes del 31 de julio sobre la magnitud que iba a alcanzar la llegada masiva de migrantes, en el marco de la instrucción judicial abierta por la gestión de la crisis.
Un pulso político que no deja de crecer
El incidente de esta madrugada ha reavivado el enfrentamiento político en torno a la gestión de la crisis. El Partido Popular ha acusado al Gobierno de no agilizar los procesos de retorno y de actuar, en la práctica, como si buscara «cronificar» la situación en lugar de resolverla con celeridad. A ello se suma el malestar de varias comunidades autónomas: Castilla y León ha denunciado que ya acoge a 164 menores no acompañados derivados desde Ceuta, un 26% por encima de su capacidad real, mientras que Murcia sostiene que el decreto del Gobierno para el reparto de menores vulnera la autonomía regional y no viene acompañado de la financiación necesaria.
Con el campamento del puerto operativo pero bajo sospecha, cientos de migrantes en situación de máxima precariedad y un choque institucional cada vez más abierto entre el Ejecutivo central, la Justicia, los sindicatos policiales y las autonomías, la crisis migratoria de Ceuta se adentra en una fase de mayor incertidumbre, sin que por el momento se conozca una alternativa operativa clara para realojar a quienes se quedaron esta madrugada sin plaza en el nuevo recinto.
