España inició este sábado 8 de agosto controles fronterizos temporales y aleatorios a los viajeros procedentes de Italia, en respuesta directa a las restricciones que el Gobierno de Giorgia Meloni impuso a los desplazamientos desde territorio español tras la crisis migratoria de Ceuta. La medida, vigente hasta las 00:00 horas del próximo 7 de septiembre —salvo que un «cambio en las circunstancias» aconseje levantarla antes—, consiste en el control de identidad y nacionalidad de los viajeros mediante pasaporte y, en el caso de ciudadanos de terceros países, en la verificación del visado o el permiso de residencia correspondiente.
Un ultimátum previo y una escalada diplomática entre socios europeos
El origen inmediato de la decisión se remonta al viernes 7 de agosto, cuando el Ejecutivo de Pedro Sánchez lanzó un ultimátum a Roma: retirar los controles impuestos a los viajeros procedentes de España o enfrentarse a «medidas proporcionales». Meloni respondió horas después elevando el tono, sin ceder en su posición. El choque se desató después de que más de 72.000 personas —según cifras del Ministerio del Interior español, de las cuales unos 7.000 eran menores— cruzaran la frontera entre Marruecos y Ceuta el pasado 30 de julio, en su mayoría a nado o bordeando el espigón de El Tarajal. Al menos 57 migrantes murieron durante los cruces. En plena gestión de la emergencia, Italia promovió un escrito conjunto de varios gobiernos de la UE para reprender la política migratoria de Sánchez, y llegó a plantear la exclusión de España del espacio Schengen de libre circulación, un movimiento que Madrid interpretó como «una declaración de hostilidades» y una «deslealtad» entre socios comunitarios.
Fuentes del Gobierno español defienden que la respuesta italiana carecía de justificación: recuerdan que ni las fronteras italianas ni las de ningún otro país europeo se vieron amenazadas en ningún momento de la crisis, y que la introducción de controles fronterizos es, según la propia normativa Schengen, una medida de «último recurso» que no puede prolongarse más allá de lo estrictamente necesario. Fuentes del Ejecutivo recuerdan además que, según datos de Frontex, Italia es el Estado miembro que más cruces irregulares ha registrado en los últimos años —con cifras que han llegado a duplicar las de España— y que desde 2022 incumple el Reglamento de Dublín.
Confusión y sorpresa entre los pasajeros llegados de Roma
Sobre el terreno, la implantación de los controles ha generado sorpresa e incomodidad entre los viajeros. En los aeropuertos de Madrid y Barcelona, pasajeros procedentes de Italia describieron su extrañeza al ser interpelados por la Policía de Fronteras sobre el motivo de su viaje a España, algo inhabitual dentro del espacio de libre circulación europeo. Los controles, aplicados de forma aleatoria e independientemente de la nacionalidad del viajero, se concentraron especialmente en los vuelos procedentes de Roma.
La paradoja de la situación es que la crisis se produce apenas días después de que la propia Unión Europea, en la reunión de ministros de Interior celebrada el martes anterior, reconociera la gestión «rápida y eficaz» que España había hecho de la emergencia en Ceuta. El episodio pone en jaque uno de los pilares del proyecto comunitario y abre un precedente sobre hasta dónde pueden llegar los Estados miembros cuando consideran que su seguridad está en juego, en una disputa que constituye una escalada inédita entre dos socios fundadores del espacio Schengen.
