La magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón ha abierto diligencias previas para investigar la entrada irregular masiva de ciudadanos procedentes de Marruecos a Ceuta registrada los días 30 y 31 de julio, en la que accedieron a territorio español de forma ilegal cerca de 60.000 personas. La jueza, titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, ha encargado a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras (UCRIF Central) de la Policía Nacional la elaboración de un informe que determine si los hechos respondieron a una «acción concertada» y si estuvieron dirigidos por alguna organización o grupo criminal.
Una denuncia del partido Iustitia Europa como origen del procedimiento
El origen de la investigación se remonta al propio 30 de julio, fecha en la que Luis María Pardo, presidente y letrado de la formación política Iustitia Europa, presentó una denuncia ante el Juzgado de Guardia de la Audiencia Nacional contra funcionarios, presuntos integrantes de organizaciones criminales y autoridades españolas y extranjeras que pudieran ser identificadas en el curso de la investigación. La denuncia planteaba la posible comisión de hasta seis tipos de delitos: contra la Seguridad del Estado, contra la Nación, favorecimiento de la inmigración ilegal y tráfico de personas, organización criminal y omisión del deber de perseguir delitos. Para la formación denunciante, la magnitud y coordinación de la entrada impedían calificarla como un fenómeno espontáneo.
En su auto, al que han tenido acceso varios medios, la magistrada Tardón sostiene que «los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal», razón por la que ha ordenado incoar diligencias con el objetivo de determinar la naturaleza de los hechos, las circunstancias en que se produjeron y las eventuales responsabilidades derivadas de ellos.
Un informe policial, paso previo a decidir sobre la competencia del tribunal
La petición a la UCRIF se plantea, según recoge el propio auto, «con carácter previo a resolver sobre la competencia penal de la Audiencia Nacional» para investigar estos hechos, es decir, como un trámite necesario antes de que la magistrada decida si el caso debe seguir instruyéndose en ese tribunal o remitirse a otra jurisdicción. El informe solicitado a la Policía deberá concluir «si nos encontramos ante una acción concertada o dirigida por alguna organización o grupo criminal», además de aportar cuantos elementos de identificación existan sobre quienes hubieran podido participar en los hechos.
Tras conocerse la resolución judicial, Luis María Pardo valoró la decisión como un primer paso relevante: «La Audiencia Nacional ha dado el primer paso. Ahora corresponde esclarecer quién organizó estos hechos», declaró el presidente de Iustitia Europa. La apertura de estas diligencias se suma a otros frentes de escrutinio que se han abierto en los últimos días sobre la gestión de la crisis migratoria de Ceuta, en un contexto de fuerte contestación política tanto desde la oposición como desde algunos socios del propio Gobierno.
