El Tribunal Supremo ha rechazado ampliar la suspensión cautelar del voto a los hijos mayores de edad de los nacionalizados por la conocida como «ley de nietos». La decisión, conocida este lunes 9 de noviembre, permite que este colectivo conserve su participación en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.
La medida solicitada por Vox e Iustitia Europa afectaba a 189.678 personas, según los datos recogidos por las informaciones judiciales. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha desestimado extender a estos ciudadanos la restricción acordada previamente para otro grupo de nacionalizados.
La proximidad del 29N pesa en la decisión
La resolución tiene en cuenta las dificultades de ejecutar una revisión del censo electoral exterior con los comicios a menos de tres semanas. Identificar a los afectados, realizar las comunicaciones administrativas y darles la posibilidad de personarse exigiría actuaciones cuya ejecución en plazo plantea dudas al tribunal.
Según la información de La Razón, los magistrados apelan a la seguridad jurídica y a la estabilidad del proceso electoral. La decisión cuenta con un voto particular discrepante y otro concurrente.
Qué habían solicitado Vox e Iustitia Europa
Los recurrentes defendían que la suspensión debía alcanzar también a quienes adquirieron la nacionalidad por ser hijos de personas beneficiadas por esa vía. La Abogacía del Estado se opuso a ampliar las cautelares, según recoge Europa Press.
El rechazo de esta petición no equivale a una sentencia definitiva sobre todas las cuestiones planteadas en el procedimiento. Lo resuelto ahora es el alcance de las medidas provisionales ante las próximas elecciones.
La cautelar anterior continúa vigente
El Supremo mantiene la suspensión cautelar acordada anteriormente para más de 163.000 nacionalizados incluidos en el censo de residentes ausentes, con la excepción de quienes acrediten el exilio político de sus ascendientes en los términos exigidos.
Como explica El Español, la controversia se relaciona con la aplicación de la Ley de Memoria Democrática de 2022 y con la instrucción que desarrolló el acceso a la nacionalidad. Los magistrados mantienen sus reservas sobre determinadas incorporaciones al censo exterior.
Por tanto, ambas resoluciones tienen efectos distintos: continúa la restricción previa para el colectivo al que se aplicó, mientras que el tribunal descarta extenderla ahora a los hijos mayores de edad. Esa diferencia resulta esencial para entender quiénes conservan el derecho a participar el 29N.
