Ceuta atraviesa estos días su peor crisis migratoria desde 2021. En apenas dos semanas, cerca de 1.800 personas han entrado en la ciudad a nado desde Marruecos, con una media de 200 llegadas diarias, según los últimos recuentos. El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) está desbordado y los centros de menores funcionan muy por encima de su capacidad. Solo en julio se han recuperado ocho cuerpos sin vida en las costas de la ciudad, cuatro de ellos durante el último fin de semana.
La sentencia del Supremo que ha reactivado las llegadas
El origen inmediato de esta nueva oleada está en una sentencia del Tribunal Supremo (STS 868/2026), hecha pública el 8 de julio, que ha fijado una doctrina clave sobre las devoluciones en caliente. Según el fallo, el rechazo inmediato en frontera, sin abrir un expediente individual, solo puede aplicarse cuando el migrante supera un elemento físico de contención, como la valla fronteriza. El Supremo entiende que quien llega nadando no cumple ese requisito, por lo que no se le puede rechazar de forma automática en el momento de la llegada: debe seguir el procedimiento ordinario previsto por la legislación de extranjería, con las garantías legales correspondientes.
La sentencia no prohíbe las devoluciones, pero sí obliga a tramitarlas por la vía legal ordinaria en lugar de aplicarlas de forma inmediata en el momento del desembarco. Tanto el Gobierno como Marruecos han señalado a las redes de tráfico de personas como responsables de estar utilizando esta resolución judicial para animar a más gente a intentar la travesía a nado, conscientes de que el rechazo automático ya no es posible en esos casos.
Unanimidad política y respuesta del Gobierno
Ante el «salto cualitativo» de la crisis, la Junta de Portavoces de la Asamblea de Ceuta, integrada por PP, PSOE, Vox y los partidos locales MDyC y Ceuta Ya!, se reunió con carácter extraordinario y urgente este jueves y pidió por unanimidad al Gobierno central tres medidas: la declaración de emergencia nacional al amparo de la normativa de seguridad nacional, el refuerzo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado junto al despliegue del Ejército para garantizar la inviolabilidad de la frontera, y el cierre del paso fronterizo del Tarajal para contener la presión migratoria.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, descartó activar la emergencia prevista en la legislación de protección civil, al considerar que los flujos migratorios no están contemplados como riesgo en ese marco normativo, lo que ha llevado a la Junta de Portavoces a reformular su petición apoyándose en la normativa de seguridad nacional en lugar de la de protección civil.
Algunos medios han vinculado también el repunte de llegadas con la reciente visita del presidente Pedro Sánchez a Argelia, en el marco de la mejora de relaciones diplomáticas entre ambos países, aunque esta conexión forma parte todavía del debate político y mediático en curso, sin que existan datos concluyentes que la confirmen.
La presidenta de la ciudad autónoma, Patricia Fernández de Vivas, ha insistido en que la situación desborda la capacidad de acogida de Ceuta y ha reclamado una respuesta coordinada del Estado, mientras crece la preocupación por la seguridad de quienes siguen intentando cruzar el Estrecho por vía marítima, una travesía que ya ha costado varias vidas solo este mes.
La crisis pone de nuevo sobre la mesa el debate, no resuelto, entre el control de fronteras y las garantías legales de quienes llegan buscando protección o una vida mejor, un equilibrio que la Ley de Extranjería y su aplicación práctica siguen sin resolver de forma definitiva.
