El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz considera que todavía no existen indicios probatorios suficientes para investigar penalmente al partido, aunque reconoce que los hechos denunciados podrían presentar apariencia delictiva. La investigación deberá aclarar el papel de Santos Cerdán, los pagos a Leire Díez y los posibles mecanismos de control interno de la formación socialista.
El magistrado ha rechazado, por el momento, atribuir al PSOE la condición de persona jurídica investigada en la causa que examina una supuesta organización destinada a desestabilizar las investigaciones judiciales que pudieran afectar al partido y al Gobierno.
La decisión no supone el cierre de la posibilidad de investigar penalmente a la formación socialista. El magistrado considera que todavía deben practicarse diversas diligencias para determinar si existen indicios suficientes que permitan establecer una responsabilidad penal de la organización por los hechos investigados.
En su auto, Pedraz se apoya en la doctrina del Tribunal Supremo sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas y concluye que las actuaciones realizadas hasta ahora no permiten acreditar el principio de prueba necesario para dar ese paso procesal.
Pedraz no descarta la apariencia delictiva de los hechos
El magistrado distingue entre la posible apariencia delictiva de los hechos denunciados y la existencia de elementos probatorios suficientes para atribuir formalmente al PSOE la condición de investigado.
En este sentido, señala que, aunque los hechos pudieran presentar en abstracto apariencia delictiva por parte del partido, todavía no se ha incorporado a la causa un elemento o principio de prueba que permita respaldar razonablemente su realidad.
Por tanto, el rechazo de la petición de imputación se fundamenta, por ahora, en la insuficiencia de los indicios disponibles y en la necesidad de completar la investigación antes de adoptar una decisión sobre la eventual responsabilidad penal del PSOE.
La documentación incautada en la sede del PSOE y a Santos Cerdán
Entre las diligencias pendientes figura el análisis de la documentación incautada tanto en la sede del PSOE como en el domicilio de Santos Cerdán, exsecretario de Organización de la formación socialista.
Pedraz considera necesario examinar ese material antes de avanzar en la investigación. También prevé tomar declaración a Cerdán una vez que se hayan practicado las diligencias acordadas y se disponga de los resultados necesarios para esclarecer los hechos.
La documentación intervenida y las declaraciones pendientes deberán contribuir a determinar qué personas participaron en las actuaciones investigadas, qué instrucciones se dieron y si existió alguna vinculación entre esas actuaciones y la estructura del partido.
El juez exige aclarar los pagos a Leire Díez
Uno de los puntos centrales de la investigación es el esclarecimiento de los pagos realizados a Leire Díez, también investigada en la causa, y a otras personas.
El instructor considera necesario concretar la finalidad de esos pagos y determinar si fueron ordenados y abonados por el secretario de Organización del PSOE con cargo a cuentas titularidad del partido para financiar el encargo presuntamente ilícito investigado.
La cuestión resulta relevante para establecer una conexión objetiva entre la actuación de las personas implicadas y el patrimonio de la organización política.
No basta, por tanto, con identificar la existencia de pagos: será necesario averiguar quién los ordenó, con qué finalidad se realizaron y si los fondos utilizados pertenecían al PSOE.
Las cuentas y los controles internos del partido, bajo examen
El auto detalla una amplia serie de cuestiones que deberán esclarecerse para determinar si los pagos investigados guardaban relación con la estructura financiera del PSOE y si existieron mecanismos internos de autorización y supervisión.
Entre otras cuestiones, el juez plantea averiguar:
- Quién ordenó materialmente los pagos y quién estaba autorizado para disponer de las cuentas bancarias.
- Cómo se contabilizaron las operaciones y qué conceptos se hicieron constar en las transferencias.
- Si existían facturas, contratos u otros documentos destinados a proporcionar una cobertura aparente a los desembolsos.
- Quién autorizó o validó internamente los gastos y si intervino el departamento financiero o contable.
- Si había límites de disposición o requisitos de doble firma para determinadas operaciones.
- Si los órganos de administración del partido conocieron los pagos y si se produjeron alertas internas.
- Si los mecanismos de control permitieron realizar operaciones de esa naturaleza sin comprobaciones.
Estas diligencias deberán permitir determinar si los pagos respondieron a operaciones justificadas o si pudieron utilizarse los recursos de la organización para financiar actuaciones presuntamente ilícitas.
La investigación también tendrá que aclarar si los posibles controles internos funcionaron correctamente y si los órganos responsables tuvieron conocimiento de las operaciones examinadas.
La posible responsabilidad penal del PSOE sigue pendiente
La petición para que el PSOE sea investigado como persona jurídica fue formulada por la acusación popular unificada, que reclama investigar posibles delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y financiación ilegal de partidos políticos en relación con la malversación de caudales públicos.
Pedraz no ha accedido a esa solicitud en este momento, pero tampoco ha descartado que pueda prosperar una vez completadas las diligencias pendientes.
El siguiente paso será analizar la documentación intervenida, esclarecer los pagos y determinar las responsabilidades individuales y organizativas que pudieran derivarse de los hechos investigados.
Solo cuando disponga de esos elementos, el magistrado decidirá si existen indicios suficientes para atribuir al PSOE la condición de persona jurídica investigada.
La resolución deja así abierta una cuestión de especial relevancia: si las actuaciones examinadas fueron responsabilidad exclusiva de determinadas personas o si, por el contrario, existió una conexión con los recursos, las decisiones y los mecanismos internos de control del partido.
