La Fiscalía considera que la Audiencia Nacional debe investigar la entrada masiva registrada en Ceuta los días 30 y 31 de julio y aprecia indicios de varios delitos. Los informes policiales aportados a la causa apuntan además a una posible planificación desde Marruecos.
La crisis que comenzó en la frontera de Ceuta a finales de julio adquiere una nueva dimensión judicial. La Fiscalía ha respaldado que la Audiencia Nacional asuma la investigación de los acontecimientos, al considerar que existen elementos que justifican una instrucción de mayor alcance.
El Ministerio Público aprecia indicios relacionados con el favorecimiento de la inmigración irregular, organización o grupo criminal, homicidio y lesiones por imprudencia grave. La investigación tendrá que determinar las circunstancias concretas en las que se produjeron las entradas y las posibles responsabilidades penales.
La causa está en manos de la jueza María Tardón, que deberá valorar ahora las diligencias necesarias para esclarecer lo ocurrido y determinar si los hechos son competencia de la Audiencia Nacional.
Un informe policial cuestiona el carácter espontáneo de la entrada
Uno de los elementos centrales del procedimiento es el informe elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras de la Policía Nacional. Sus investigadores consideran que la llegada simultánea de miles de personas a la frontera presenta características compatibles con una acción previamente organizada.
El documento presta especial atención al comportamiento de las fuerzas de seguridad marroquíes. Según el análisis policial, se habría producido una situación de «total permisividad», acompañada de un posible «guiado activo» de los grupos hacia determinados puntos de acceso.
Los investigadores también han estudiado el perfil y el comportamiento posterior de quienes consiguieron entrar en territorio español. El informe señala que únicamente una parte reducida habría tratado de permanecer en Ceuta, mientras que muchos abandonaron posteriormente la ciudad.
Este elemento ha llevado a los investigadores a plantear si la movilización perseguía un objetivo diferente al de la inmigración económica convencional.
La Policía sitúa además los acontecimientos dentro del concepto de «zona gris», empleado para describir acciones de presión contra un Estado que no llegan a constituir un enfrentamiento militar abierto.
Guardia Civil y Policía aportan sus informes a la causa
La investigación cuenta también con documentación elaborada por la Guardia Civil. El Instituto Armado entregó su informe a la jueza el 4 de septiembre, después de que esta solicitara información sobre la actuación desarrollada durante los acontecimientos.
Uno de los aspectos que deberá esclarecerse es si existieron avisos o información previa que permitieran anticipar la magnitud de la llegada de personas a la frontera.
La investigación deberá determinar igualmente si existieron responsables concretos de la organización, qué medios utilizaron para coordinar la movilización y si hubo participación de personas o estructuras situadas fuera de España.
El respaldo de la Fiscalía abre así la puerta a una investigación judicial que puede arrojar luz sobre uno de los episodios más graves registrados en Ceuta en los últimos años y determinar si detrás de aquella entrada masiva existió una operación coordinada con una finalidad concreta.
