La salud mental de quien gobierna no puede ser un asunto exclusivamente privado cuando de su capacidad depende la seguridad y los derechos de millones de ciudadanos.
Hay momentos en que la sociedad empieza a hacerse preguntas que hasta ahora no se habían planteado. Y hay preguntas que, precisamente por afectar a quien ocupa la máxima responsabilidad del Gobierno, no pueden ser respondidas simplemente con un “eso no se puede preguntar”.
En las últimas semanas, una cuestión especialmente delicada ha comenzado a escucharse con fuerza creciente en la opinión pública; ¿Qué sucede si existen signos en el comportamiento de un presidente del Gobierno que lleva a una parte de la ciudadanía a preguntarse si existe un problema de salud mental que pudiera estar afectando a su capacidad para gobernar?
No se trata de convertir una sospecha en un diagnóstico. Si esa pregunta ya está siendo planteada por la ciudadanía, si nace de comportamientos públicos concretos y si además las decisiones de quien gobierna pueden afectar a la seguridad, los derechos y el bienestar de millones de personas, ¿qué mecanismo tiene el Estado para comprobar si existe o no una eventual incapacidad mental?
Y ahí se plantea una pregunta aún más inquietante ¿Quién protege al ciudadano si el propio gobernante no está en condiciones de reconocer que puede necesitar una evaluación?
España debería tener una respuesta y no la tiene con la claridad que una democracia moderna debería exigir.
El video que convirtió una pregunta incómoda en una cuestión pública.
El debate no surge del vacío.
España atraviesa simultáneamente situaciones de extraordinaria gravedad. Por un lado, una crisis invasiva de enorme magnitud en Ceuta procedente de Marruecos que además ha provocado víctimas mortales y, por otro lado, una devastadora situación de incendios forestales y una emergencia de enormes dimensiones.
En ese contexto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, publicó un vídeo en redes sociales en el que presentaba una selección musical para el verano y una playlist con canciones de diferentes artistas. La publicación ha desencadenado, como no podía ser de otra forma, una fuerte reacción pública y críticas por el momento elegido para difundirla, precisamente cuando España se encuentra inmersa en unas circunstancias de extrema gravedad.
Y aquí está el punto que analiza este artículo. Para una parte de la ciudadanía, el problema no es que al presidente le guste la música. El problema es la desconexión entre la gravedad del momento y la conducta pública del máximo responsable del ejecutivo.
Y de esa percepción surgió una pregunta que puede resultar incómoda, pero que está en la opinión pública; ¿Esto es simplemente una mala decisión política y comunicativa, una falta de sensibilidad? ¿O puede existir detrás de determinados comportamientos algo relacionado con la capacidad psicológica o mental del que gobierna?
La ciudadanía no diagnostica, pero tampoco puede dejar de preguntarse.
Un ciudadano puede observar una conducta y considerar que no resulta razonable en el contexto que se produce.
Puede preguntarse si existe una desconexión preocupante entre la gravedad de una situación y la reacción de quién tiene la responsabilidad de dirigirla.
Puede advertir comportamientos repetidos que, desde su percepción, parecen alejados de lo que espera de una persona que ocupa una responsabilidad de Estado.
Puede preguntarse si detrás de todo ello existe un problema psicológico o psiquiátrico.
Es cierto que eso no convierte su percepción en un diagnóstico, pero tampoco significa que esta pregunta deba ser censurada y no entre en debate.
Porque si la sociedad comienza a planteársela de una manera reiterada, el problema deja de ser exclusivamente psicológico y se convierte en institucional.
No porque la opinión pública esté en la verdad verdadera, puede no ser así y la única manera seria de saberlo es comprobarlo. Y aquí aparece la contradicción; el ciudadano no puede diagnosticar al presidente, pero tampoco puede exigir directamente que un equipo médico independiente determine si existe una eventual incapacidad.
No puede acceder a su historial médico.
No puede solicitar una evaluación psiquiátrica oficial.
No puede obligar al presidente a someterse a ella.
No puede saber si existe una enfermedad.
No puede determinar si una eventual enfermedad afecta a sus facultades.
Y, sin embargo, ese mismo ciudadano está sometido a las consecuencias de las decisiones que adopta quién ocupa la Presidencia del Gobierno.
Es difícil encontrar una expresión mejor para describirlo: Indefensión.
La Ley dice que la salud mental de cualquier ciudadano pertenece a la intimidad. También la del presidente, pero el presidente no ejerce una profesión ordinaria.
La Constitución atribuye al Gobierno la dirección de la política interior y exterior, de administración civil y militar y de la defensa del Estado. El presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los miembros. Eso no es una cuestión menor. De las decisiones de una sola persona pueden depender cuestiones relativas a la seguridad nacional, la defensa, las relaciones internacionales, emergencias, economía y derechos de millones de ciudadanos.
Por eso hay que establecer una frontera.
Mientras hablamos de salud mental del ciudadano Pedro Sánchez, hablamos de privacidad.
Cuando hablamos de la capacidad mental del presidente del Gobierno Pedro Sánchez para ejercer las responsabilidades constitucionales de su cargo, hablamos de interés público. Y si además existe una eventual incapacidad que puede afectar sus decisiones capaces de poner en riesgo a terceros, el asunto adquiere una dimensión todavía mayor.
La intimidad médica debe protegerse, pero la capacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos también debe garantizarse y no son derechos incompatibles.
La legislación española si contempla la enfermedad, pero eso no basta.
La Ley 50/1997 del Gobierno, establece en su artículo 13 que, en los casos de vacante, ausencia o enfermedad, las funciones del presidente serán asumidas por los vicepresidentes según el orden de prelación y, en su defecto, por los ministros.
Pero una cosa es contemplar la enfermedad como una causa de suplencia y otra muy diferente establecer un procedimiento específico para determinar una incapacidad mental controvertida.
Y ahí es donde encontramos el vacío legal.
La norma no establece un procedimiento constitucional específico para que, ante indicios graves de una posible enfermedad mental incapacitante, pueda solicitarse una evaluación médica independiente del presidente contra su voluntad.
No establece cómo se resolvería el conflicto entre un presidente que afirma encontrarse en sus plenas facultades y unas instituciones que sostengan que existe una incapacidad. Y tampoco establece con claridad qué consecuencias constituciones tendría una incapacidad grave y permanente.
La Constitución tampoco incluye expresamente la incapacidad mental sobrevenida entre las causas de cese de Gobierno. Su artículo 101 establece que el Gobierno cesa después de elecciones generales, por pérdida de confianza parlamentaria en los supuestos constitucionales o por dimisión o fallecimiento del presidente.
¿Qué ocurre si el presidente no sabe o no quiere reconocerlo?
Si estamos hablando de una posible alteración mental capaz de afectar al juicio, la percepción de la realidad, la capacidad de avaluar las consecuencias de sus decisiones o incluso la propia conciencia de estar enfermo, sería insuficiente construir todo un sistema sobre la idea del que presidente voluntariamente reconocerá el problema.
Entonces aparece el problema que la Ley debería haber previsto.
La persona cuya capacidad está siendo cuestionada puede ser precisamente la persona que tiene el poder de impedir que esa capacidad sea examinada.
No basta con esperar a que dimita.
No basta con confiar en que su entorno actuará y mucho menos, puede exigirse al ciudadano que se limite a esperar a las próximas elecciones.
Países como EE. UU si recogen en la Vigésimo Quinta Enmienda de la Constitución que el presidente pueda ser declarado incapaz contra su voluntad.
España podría establecer un procedimiento parecido sin caer en una barbaridad jurídica, porque la indefensión es especialmente grave si afecta a terceros, porque un Estado democrático no puede dejar que una situación potencialmente peligrosa dependa exclusivamente de la voluntad de la persona cuya capacidad está en cuestión.
El ciudadano no puede quedar desprotegido porque el gobernante tenga derecho a la intimidad.
Y aquí está probablemente la conclusión política más importante. Este debate no debería diseñarse pensando exclusivamente en el actual presidente. Pedro Sánchez pasará, otros presidentes pasarán. La cuestión que debería preocuparnos es que ocurrirá con cualquier presidente del Gobierno que se encuentre en una situación semejante. No puede ser una cuestión hipotética.
Hay quienes sostendrán que plantear públicamente la salud mental de un presidente es peligroso, puede ser una forma de difamación, o un arma política, es cierto, pero hay otra posibilidad peligrosa, que el miedo a hablar de salud mental impida hablar de una eventual incapacidad real.
Una democracia madura debe poder hacer las dos cosas a la vez, proteger la dignidad de un presidente y proteger a los ciudadanos ante una incapacidad del gobernante.
El episodio de este verano ha servido, al menos para una parte de la sociedad, para plantear una cuestión que hasta ahora podía parecer impensable y es que ciertos comportamientos públicos, especialmente cuando se producen en contextos de extraordinaria gravedad, lleva a los ciudadanos a preguntarse si no es maldad y es otra cosa o son ambas a la vez.
Los españoles tienen derecho a algo elemental, saber que quién toma decisiones en su nombre, está en condiciones de tomarlas y si el Estado no puede garantizar siquiera que esa cuestión pueda ser comprobada cuando existen indicios serios, entonces la indefensión no será una percepción, será una realidad institucional que nos pone en riesgo a todos.
“El poder debe tener límites para que la libertad pueda tener garantías”
Porque cuando está en duda la capacidad de quien gobierna, proteger al ciudadano no es cuestionar la democracia, es precisamente defenderla.
