La Guardia Civil, una de las instituciones más valoradas por los españoles, atraviesa uno de sus momentos más críticos en el plano institucional. La reciente declaración ante la Audiencia Nacional de su directora general, Mercedes González, y del Director Adjunto Operativo (DAO), el teniente general Manuel Llamas, sitúa a la cúpula del Instituto Armado en el epicentro de una tormenta política y judicial de consecuencias imprevisibles. Bajo la lupa del juez Santiago Pedraz se encuentra el denominado ‘caso Leire’, una pieza separada que investiga presuntas maniobras desde el entorno del Ejecutivo para interferir en las investigaciones de corrupción que afectan al PSOE.
Las reuniones bajo sospecha: la defensa de Mercedes González
La directora general compareció en calidad de investigada por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia. El origen de su imputación radica en los informes de la Unidad Central Operativa (UCO), que apuntaban a presuntas presiones para modificar la estructura de las unidades que investigan la corrupción gubernamental.
Durante su interrogatorio, González optó por una estrategia de defensa clara, presentándose como una víctima colateral de las redes políticas. La directora general señaló directamente a la exmilitante socialista Leire Díez y vinculó el entorno de estas maniobras con el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán.
González admitió ante el juez haber mantenido un primer encuentro puramente protocolario de felicitación por su nombramiento, seguido de una segunda reunión el 2 de abril de 2025. Según su versión, fue en esta segunda cita donde Díez le solicitó explícitamente la restitución del comandante Rubén Villalba, mando policial imputado por recibir presuntos pagos de la trama de Koldo García, momento en el que González asegura haber cortado la conversación de forma drástica. Sin embargo, la posición de la directora general choca con los indicios recabados por la UCO, que sostiene la existencia de una tercera reunión y un flujo de comunicación más estrecho que el admitido en sede judicial.
El papel del DAO y la orden de «no proactividad» a la UCO
El plano operativo del conflicto lo encarna el teniente general Manuel Llamas. Como número dos del cuerpo y máximo mando de uniforme, su imputación ha generado un hondo malestar en la escala de oficiales.
El punto más tenso de su declaración giró en torno a una directriz interna emitida a las unidades de investigación. Llamas reconoció haber ordenado a la UCO no mostrarse «proactiva» en causas que afectasen a la sensibilidad política del Gobierno, argumentando que debían ceñirse de forma estricta a los requerimientos judiciales expresos. Mientras que el DAO justificó esta instrucción como una medida para preservar la neutralidad de la Guardia Civil y evitar acusaciones de prospectividad, las acusaciones populares lo interpretan como un intento flagrante de maniatar a los investigadores de los casos de corrupción. A pesar de la fuerte presión parlamentaria y las exigencias de cese inmediato por parte de la oposición en el Senado, el teniente general Llamas ha ratificado su intención de no dimitir, manteniendo el pulso por el control operativo del cuerpo.
Un horizonte judicial incierto
El ‘caso Leire’ ha dejado al descubierto las costuras de la relación entre el poder político y los altos mandos del Instituto Armado. Mientras el Ministerio del Interior mantiene un respaldo público y cerrado a sus directivos —enmarcando la citación judicial en la normalidad del proceso instructor—, las asociaciones profesionales de la Guardia Civil muestran su preocupación por el desgaste reputacional que sufre la benemérita.
La resolución de esta pieza separada en la Audiencia Nacional determinará si la cúpula actuó como un dique de contención frente a las presiones políticas o si, por el contrario, los resortes del Estado se utilizaron para intentar ralentizar unas investigaciones judiciales que cercan al entorno de la Moncloa.
